FORO INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN

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En el Foro Internacional Anticorrupción que se celebra en la sede del INEGI, se coincidió en la necesidad de que prevalezca la cero tolerancia a las prácticas desleales en el ejercicio público, y en seguir construyendo instituciones públicas más transparentes.

Mauricio Márquez Corona, vicepresidente del INEGI, destacó la disminución en los eventos que generan corrupción. El año pasado, el 15 por ciento de quienes realizaron algún trámite, pagos, solicitud de servicio o bien tuvo contacto con algún servidor público, experimentó algún tipo de soborno, cuando en el 2020 ese indicador era del 16 por ciento. Aunque mínimo, admitió que aún hay mucho camino por recorrer.

“Es nuestro deber, como servidores públicos, unir esfuerzos para combatir este fenómeno, esa plaga insidiosa como la refiere la ONU. El combate a la corrupción es un pilar fundamental en las políticas públicas”, explicó.

Estimó que la corrupción en México y el mundo, históricamente ha obstaculizado el desarrollo de las naciones, aumenta la desigualdad y fractura a las instituciones.

Manuel Rodríguez Murillo, titular del Órgano Interno de Control del INEGI, afirmó que el camino de la lucha contra la corrupción es complejo, lleno de retos y obstáculos, pero requiere de la suma de esfuerzos, si es que se quieren mejores cuentas en el combate a ese flagelo.

“Si queremos dar los mejores resultados para México, debemos ser mejores servidores públicos para México. La sociedad reclama una transformación en el servicio público, el contar con un gobierno eficaz, eficiente, transparente, pero sobre todo que rinda cuentas por convicción y por vocación de servicio, ya que es un derecho inherente a todas y todos los ciudadanos”.

En la reunión internacional también se contó con la presencia de los representantes de los órganos internos de control del Instituto Nacional Electoral y de la Fiscalía General de la República. Se coincidió en que se deben ampliar las normas legales que regulen la actividad de auditoría interna o de la mejora. Y que se permita a quienes participan en esas figuras de fiscalización, intervenir con su opinión y orientación en la confección de los presupuestos públicos

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