Busca diputade catalogar el hurto de infraestructura urbana como robo calificado en Aguascalientes

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Quienes cometan este delito no podrían salir de la cárcel bajo fianza y tendrían un mínimo de 8 meses privados de su libertad

 

Entre enero y agosto de 2022 el Municipio de Aguascalientes pagó cerca de 3 millones de pesos por rehabilitación de mobiliario dañado

 

Le diputade Juan Carlos Regalado Ugarte presentó ante el Pleno del H. Congreso de Aguascalientes una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado, a fin de catalogar todos los delitos de hurto que se cometan contra el equipo y el mobiliario urbano como robo calificado.

 

Este jueves en Sesión Ordinaria del H. Congreso, le diputade del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), presentó la iniciativa que busca que los hurtos contra la propiedad del Estado en la entidad sean catalogados como robo calificado, con lo que se espera aumentar la pena a un mínimo de 8 meses de cárcel a los infractores, sin derecho a fianza.

 

Regalado Ugarte explicó que con este cambio en el Código, se buscan reducir los daños causados a la infraestructura urbana y por lo tanto al erario público, ya que como lo ha señalado el secretario de Servicios Públicos de la capital, Carlos España Martínez, entre enero y agosto de 2022 se invirtieron cerca de 3 millones de pesos en rehabilitación de mobiliario dañado.

 

Como lo indican las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el problema del robo de infraestructura urbana va a la alza en el país, pues en 2018 se abrieron 427 carpetas de investigación por robo de cables, tubos y otros objetos destinados a la dotación de servicios públicos, y en 2021 la cifra se elevó a mil 998.

 

Sin embargo durante ese lapso, el Estado de Aguascalientes no sumó ni un solo caso a esos registros, a pesar de que este tipo de delito existe en la entidad, pues como lo reveló la regidora de la capital, Patricia Garcia Garcia, los robos de este tipo se presentan y cada circuito afectado puede llegar a dañar hasta 150 luminarias.

El daño a la infraestructura urbana afecta a los derechos humanos, pues como lo dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos”.

 

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