- Los entes fiscalizados estarán obligados a solventar las observaciones señaladas por el OSFAGS en sus respectivas auditorías.
Además, las y los asambleístas aprobaron una minuta enviada por el Congreso de la Unión, y dos dictámenes en materia de vigilancia y movilidad.
La diputada presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes Nancy Gutiérrez, encabezó los trabajos de la décima sesión ordinaria, quien en conjunto con las y los integrantes del pleno declararon revisadas las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2023 del Gobierno del Estado de Aguascalientes, Administración Pública Centralizada y Paraestatal, de la Fiscalía General del Estado, del Poder Judicial y de los 11 Ayuntamientos, con base en los informes del resultados formulados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS).
El presidente de la Comisión de Vigilancia Luis León, en su intervención expuso que los respectivos informes buscan fortalecer la confianza en los Entes Fiscalizados al garantizar que la administración de recursos se haga de manera responsable y eficiente, documentos que presentan de manera detallada y cuantificada los resultados obtenidos en la gestión de los recursos públicos respecto al Ejercicio Fiscal 2023, analizándose los ingresos y gastos de las entidades descritas en los presentes dictamenes.
Además de evaluar la eficiencia, eficacia y transparencia con la que se han administrado los fondos, incluyendo la evaluación comparativa entre los objetivos o metas propuestas del periodo y los resultados alcanzados, y en su caso se identifican las observaciones realizadas, las cuales estarán obligadas a solventar.
De esta forma, quedaron evaluados los informes financieros del Gobierno del Estado de Aguascalientes, Fiscalía General, Poder Judicial y los Ayuntamientos de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Ricón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá.
Continuando con el orden del día, fue aprobado con 25 votos el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que resuelve la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4°, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El objeto de la minuta consiste en reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género.
Enseguida se avaló con 25 votos el dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la solicitud para ejercer Actos de Dominio en favor de la Fiscalía General de Estado, de los bienes inmuebles ubicados en Av. Héroe de Nacozari s/n, colonia San Luis y Av. Aguascalientes Oriente No. 3114, esquina José de la Fragua, Colonia El Cedazo, Aguascalientes, presentada por la Licenciada Raquel Soto Orozco, Secretaria de Administración del Estado de Aguascalientes.
Para finalizar, se aprobó con 19 votos el dictamen de las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y Transporte, así como de Vigilancia, que resuelven la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y a la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2024, presentada por la ciudadana doctora María Teresa Jiménez Esquivel, Gobernadora Constitucional del Estado de Aguascalientes.
El objeto de la presente iniciativa consiste en construir un marco legal moderno y eficiente que permita la prestación del servicio de transporte público de manera justa, accesible y sostenible, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de los principios de transparencia, legalidad y derechos de los usuarios a una movilidad segura y de calidad.
Con la presente iniciativa se implementan procedimientos claros y supervisados para la transmisión de concesiones ordinarias de transporte público bajo los principios de legalidad y buenas prácticas para asegurar un servicio eficiente, justo y sostenible.
La claridad en el marco regulatorio, la transparencia en los procesos y la evaluación rigurosa a los concesionarios son fundamentales para lograr estos objetivos.
Al adoptar estas medidas, se fortalece la confianza pública, se mejora la calidad del transporte, se reducen las oportunidades de corrupción y se promueve un desarrollo urbano más equitativo y responsable; puntualizó el diputado Humberto Montero en la exposición de motivos.
