- Además, avalaron nueva conformación en el Comité de Administración de la LXV Legislatura.
- Mediante oficio, la mesa directiva dio a conocer al Pleno que la diputada Ana Gómez es la nueva Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.
- Salvador Vázquez Caudillo y Enrique Pineda Martínez, como integrantes del Consejo Consultivo del ITEA.
Antes de iniciar con los trabajos de la tercera sesión ordinaria de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada María de Jesús Díaz, decretó un minuto de silencio por la muerte de la legisladora del Poder Legislativo del Estado de Morelos, Gabriela Marín Sánchezi.
Acto seguido la y el ciudadano Gladys Adriana Ramírez Aguilar y Francisco Sánchez Esparza, rindieron protesta ante el pleno legislativo como congresistas de la LXV Legislatura, en suplencia de Juan Pablo Gómez Diosdado y Luis Enrique García López, en ese orden.
Al proseguir con el desahogo de los asuntos del orden del día, el Pleno aprobó por mayoría el Acuerdo Legislativo, a través del cual se estableció la re integración del Comité de Administración del Congreso del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Constitucional correspondiente a la LXV Legislatura, para quedar como sigue: presidente, Adán Valdivia; secretaria, Karola Macías; primer vocal, Mayra Torres Mercado; segundo vocal, Jaime González; y como tercer vocal, Nancy Gutiérrez.
Durante el desarrollo de la sesión ordinaria, las y los diputados avalaron, mediante el voto por cédula, el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por el que se informó al pleno legislativo qué candidatas y candidatos cumplen con los requisitos para integrar el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.
Los nuevos integrantes de este órgano legislativo, son Salvador Vázquez Caudillo y Enrique Pineda Manríquez, quienes estarán en este cargo por 5 y 7 años, respectivamente. Acto seguido se les tomó la protesta de ley correspondiente.
En seguida, aprobaron por mayoría la iniciativa por la que se reforman los artículos 264 y 281 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, que presentó la diputada Vero Romo; a través de la cual se establece la obligación del uso del cubre bocas dentro del Estado de Aguascalientes, durante el tiempo que permanezca una emergencia sanitaria competente, provocada por una enfermedad contagiosa.
Para sustentar la propuesta, la legisladora argumentó que “tenemos en nuestras manos un método sencillo pero efectivo, ante el reto de la magnitud mundial de epidemia, es urgente que, en nuestro Estado como legisladores comprometidos con la salud de la población; colaboremos desde nuestra trinchera con un marco normativo suficiente que permita que no se baje la guardia en ningún momento mientras la emergencia sanitaria esté declarada por el Consejo de Salubridad General”.
En otro orden de ideas, se aprobó la iniciativa por la que se reforma el segundo párrafo del artículo 87 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, por el diputado Adán Valdivia, co el propósito de eliminar como supuesto de imprescriptibilidad de acción penal a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 87 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, el de delito de secuestro.
De los argumentos esgrimidos por el promotor de esta modificación, señala que el secuestro es un acto delictivo que implica la privación ilegal de la libertad, que pone en riesgo la integridad o la vida de la víctima, con afectaciones a la familia y la comunidad debido al daño causado al tejido social.
Como siguiente punto, se aprobó la iniciativa de reforma el artículo 83 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, propuesta por la diputada Alma Hilda Medina, mediante la cual se crean y establecen las bases generales para el funcionamiento e integración de los Consejos Municipales de Salud Mental, con finalidad de implementar en los Municipios las acciones pertinentes en materia de salud mental.
La promotora de la iniciativa refirió que el objeto de esta reforma recae en otorgar facultades a los entes municipales para que elaboren el programa Municipal de Salud Mental, de conformidad con la Ley General de Salud, las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, a través de la participación de los sectores social y privado, propiciando un enfoque hacia la protección de los derechos humanos.
